NACIONAL. Denuncian que Proinversión está por concesionar puerto de Salaverry sin sustento técnico

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Un grupo de empresarios de sectores diversos de la producción, comercio y exportación nacional, así como municipios y gobiernos regionales, denunciaron que Proinversión pretende concesionar el puerto de Salaverry a favor del Consorcio Transportadora Salaverry (CTS) aun cuando su oferta no asegura una carga multipropósito, sino solo de mineral, lo cual deja fuera a los demás sectores de la economía.

Pese a ello, el Estado ha “declarado de interés” la iniciativa privada de CTS. “Esta declaratoria de interés debe reflejar el interés público en el Puerto de Salaverry que tiene como componente esencial las necesidades de los actores económicos regionales”, señalan los demandantes.

Para los empresarios, el carácter multipropósito implica la construcción de una dársena para mitigar el oleaje del puerto y llevarla a niveles de cierre menores a los 7 días al año.

“La inversión, inicial, no contempla como parte de las primeras inversiones obligatorias la construcción de una dársena”, refieren.

Sin una obra con las garantías de infraestructura y de logística mínimas y consensuadas, La Libertad, Ancash, Cajamarca, San Martín, Amazonas y Lambayeque continuarán con pocas posibilidades de dinamizar sus economías, teniendo que recurrir a puertos ubicados a más de 520 kilómetros de distancia (como Paita o el Callao) con todo el daño ambiental, desgaste de infraestructura pública, congestión vehicular y riesgos en general.

“Proinversión y la Autoridad Portuaria Nacional se olvidan de que la Constitución Política del Perú dice en su artículo 58 que el Estado ´orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de servicios públicos o infraestructura´. Así también, en el artículo 88, la Carta Magna dice que el Estado orienta preferentemente el desarrollo agrario.”

A esto se suma – según los representantes gremiales – el que se les exige asumir el costo la evaluación técnica de una supuesta nueva visión del puerto en un plazo de 90 días, lo que es imposible porque la información técnica que se debe validar simplemente no existe”.

Los firmantes son la Junta de Usuarios de Riego Presurizado, la Asociación de Juntas de Usuarios de Agua de la Libertad, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, la Asociación de Agricultores y Agroexportadores Propietarios de Terrenos de Chavimochic, la Municipalidad Provincial de Virú, el Colegio de Ingenieros de la Libertad, La Asociación de Agroindustriales del Azúcar y Derivados, entre otros gremios de Ancash y Lambayeque.

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