Cesantes y Jubilados de la 20530 ya no harán trámites en el Poder Judicial para cobrar sus beneficios

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El malestar y las quejas de los cesantes del sector educación que se vieron obligados a realizar engorrosos trámites en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, para seguir recibiendo el pago de la denominada “continua”, motivó la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo.

El problema se originó con el comunicado 012 emitido por la Gerencia Regional de Educación que exigía a los cesantes y jubilados de la Ley 20530 presentar copias Certificadas de Sentencia en Primera Instancia, Sentencia de Vista, Casación y Requerimiento Judicial de Pago; como requisito para seguir recibiendo sus beneficios económicos.

Un equipo de la Oficina Defensorial de Arequipa se reunió con los Jueces para analizar la legalidad de solicitar dichos requisitos y concluyeron que no existe justificación ni base legal para solicitar un “Requerimiento Judicial de pago”, pues los jubilados ya reciben el beneficio con normalidad.

Adicionalmente la Defensoría del Pueblo en Lima se comunicó con el Ministerio de Economía y Finanzas para consultar al respecto y fueron enfáticos en señalar que ellos no hicieron el requerimiento de dicha documentación a la Gerencia Regional de Educación en Arequipa.

En este sentido el último jueves nos reunimos con los funcionarios de la Gerencia de Educación, la jefa de presupuesto y la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa, en esta reunión se determinó que este trámite era burocrático y constituía un maltrato a los miles de cesantes y jubilados que hacían largas colas en el Poder Judicial para acceder a los documentos solicitados.

Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo se acordó que la Procuraduría y la Gerencia de Educación se encarguen de realizar dicho trámite de manera institucional ante la Corte Superior de Justicia de Arequipa, liberando a los cesantes y jubilados del tedioso proceso.

La Gerencia de Educación se comprometió a publicar un comunicado en las próximas horas dando a conocer los acuerdos para la tranquilidad de los usuarios.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de velar por los derechos de los adultos mayores y actuará de inmediato ante una situación de peligro o vulneración de los derechos de las personas.